Irresponsable la basificación de 763 burócratas estatales, no cumple con compromiso de Tello: Omar Carrera.

Zacatecas.- El diputado Omar Carrera Pérez, de morena, calificó como irresponsable, fuera de proporción y de realidad la basificación de 763 empleados del Gobierno Estatal, cuando el compromiso del Gobernador era no incrementar a nómina e implementar programas de retiros voluntarios.

Carrera Pérez consideró que la acción se encuentra fuera del discurso del Gobernador del Estado y que el Decreto Gubernamental que se publicó el 21 de noviembre en el Periódico Oficial del estado, va en contra de los compromisos gubernamentales.

“Desde el inicio de este quinquenio se hablaba de nóminas abultadas, se hablaba de que se ocupada de disminuir la base trabajadora y lamentablemente no es así, no sabemos el costo que va a tener para la administración pública. Vienen a engrosar la administración pública del Estado, es muy desafortunado”, lamentó.

El integrante de la Fracción Legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (morena) indicó que esta acción irregular va en contra de la presupuestación de 30 millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2021 para despidos voluntarios.

“Además de 60 millones de pesos para la liquidación de los funcionarios de primero y segundo nivel, nos parece que es irresponsable por parte de la Secretaría de Administración”

“Se creó un Comité intersecretarial dudoso, que está integrado por la Secretaría General de Gobierno, que es el Secretario Técnico; por la Secretaria de Finanzas, por la Secretaría de Administración, quien lo presidirá, es decir que ellos son los directamente responsables de estas basificaciones, así como el coordinador estatal de planeación y la Jefatura del Jefe de Oficina del Gobernador”, detalló.

El fresnillense comentó además que el Decreto Gubernativo que implementa el Programa de Basificación 2020 cuenta con una serie de detalles técnicos, administrativos y jurídicos que muestran la falta de seriedad y compromiso del Gobierno hacia su propia base trabajadora y la sociedad en general.

Indicó que tiene un error en las fechas, dado que el nombramiento que expedirá el titular del Poder Ejecutivo con el que se otorgará la calidad de base, con las prerrogativas y derechos de la misma, deberá expedirse a más tardar, según el propio documento, el 31 de octubre de 2020, fecha que es anterior a la publicación misma.

Por otra parte, considera que la antigüedad mínima sea de tres años y no de 5 o 6, pero no considera la antigüedad de los trabajadores como un prerrequisito indispensable y sustancial, sino que pareciera ir en la estrategia de tener pleno margen para basificar al personal que ingresó en la actual administración.

“La lógica es que dichas bases se otorguen a quiénes durante más tiempo se han desempeñado con las cualidades que ahí se enuncian, mismas que podrían verse reflejadas en la continuidad en el cargo o posición que ocupen, más allá de una administración, y permitir, al Comité evaluar las excepciones a la regla, considerando como mínimo los tres años ya mencionados”

“Para el proceso de basificación se considerará prioritariamente a aquellos trabajadores cuya antigüedad sea mayor a los 5 años en la administración pública; sin embargo, el Comité tendrá la facultad de hacer excepciones a esta regla, hasta en un 30% de las bases otorgadas, considerando una antigüedad mínima de 3 años”, señaló.

Además, dijo que, aunque no se está obligado por Ley, es de suma importancia que en la conformación del Comité se considere cuando menos la calidad de observadores del Sindicato y representantes de la sociedad civil para darle certeza y transparencia al proceso de basificación.

Por otra parte, el Decreto, más allá de enunciarla, no contiene mecanismos de transparencia de sus procesos y decisiones. Asi como el que la redacción y ambigüedad del documento, hace del proceso uno totalmente discrecional, que, en un esquema de una administración transparente, no corresponde a buenas prácticas.

“Menos aun tratándose, al final de cuentas, de un ejercicio de autoridad que repercutirá en la calidad institucional de la administración pública estatal”, señaló.

Puntualizó que dadas las condiciones de la pandemia y el hecho mismo que de los tres años de antigüedad requeridos, cuando menos 9 meses y contando han sido en una situación extraordinaria, el proceso bien podría dejarse para las fechas posteriores al proceso electoral.

“Podría formar parte de los acuerdos de la entrega-recepción, no cuartando así, de último momento, a la próxima administración de opinión y participación en el proceso de basificación”, dijo.

“Aunque el Decreto es claro al dejar fuera de este proceso, entre otras dependencias, al ISSSTEZAC, cabe la posibilidad de que, sí de verdad se busca rescatar a dicho instituto de la crisis que vive y el recrudecimiento que se avecina en la misma, reducir el otorgamiento de bases y trasladar varias de las del propio ISSSTEZAC a la administración centralizada”.

Señaló que este Decreto se publica a unos cuantos meses de un proceso electoral, beneficiando probablemente a un gran número de servidores públicos dependientes del Ejecutivo local, cuando esta Administración, como en la exposición de motivo lo refiere el propio Gobernador, se ha caracterizado por emplear medidas de disciplina financiera.

“Se considera que les faltó agregar otra norma jurídica que deberán de observar y no contradecir como lo es la Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado y Municipios de Zacatecas, que, si bien tiene aspectos a reformar, actualmente está vigente la versión actual”, expuso.

Además, indicó que artículo 18 del Decreto podría considerarse como una facultad discrecional que prácticamente echa abajo todo lo dispuesto en los artículos previos contenidos en el Decreto, pues deja en libertad de otorgar bases a quienes ellos deseen.

Finalmente, expuso que, si establecen un periodo para la ejecución del mecanismo de elección del personal con posibilidades a basificarse, a través de evaluar el expediente de cada uno de los servidores públicos y adscripción que cuenten con una antigüedad mínima de e tres años.

“Esto a fin de que no se beneficie a personal por dedazo o personal de confianza con cambio a adscripción de base”, denunció.

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